Maricela Gertrudis Duarte estuvo desaparecida durante 22 días. Su cuerpo fue encontrado el 24 de abril en La Pedrera, Quezalguaque.
Apenas unos días después, Arelyn Dayana González Centeno murió en el hospital tras ser atacada con arma blanca por su expareja en Sébaco, luego de negarse a retomar la relación.
En lo que va del año, los femicidios en Nicaragua continúan acumulándose, evidenciando que no se trata de hechos excepcionales, sino de una tendencia persistente. Pero limitar el análisis a la dimensión interpersonal —un agresor, una víctima— es insuficiente. El femicidio no es solo el acto final de un individuo violento: es el resultado de una cadena de permisividades, silencios y estructuras que lo hacen posible.
La circulación del video del asesinato en redes sociales introduce otro elemento inquietante: la espectacularización de la violencia. No solo se mata, también se exhibe. El cuerpo de la mujer no solo es destruido, sino convertido en objeto de consumo.
Aquí opera lo que algunas teóricas han llamado una “pedagogía de la crueldad”: la violencia se normaliza, se reproduce, se vuelve espectáculo. La repetición de estas imágenes no genera necesariamente rechazo; en muchos casos, insensibiliza. Y esa insensibilización es funcional a sistemas de poder que necesitan sujetos acostumbrados a la violencia.
Cuando la violencia no es sancionada de manera efectiva, cuando la impunidad se convierte en norma, el mensaje es claro: hay vidas que no importan.
En Nicaragua, la violencia de género no puede separarse del contexto político. En un régimen que ha cerrado espacios cívicos, criminalizado la disidencia y concentrado el poder, la violencia no es una anomalía: es una herramienta.
El mismo Estado que reprime la protesta social, que persigue a opositores y que controla los espacios comunitarios, es incapaz —o no tiene voluntad— de garantizar la vida de las mujeres. Esta relación no es casual. El autoritarismo y el patriarcado comparten una lógica: la dominación.
El cuerpo de las mujeres, en este sentido, funciona como un territorio donde se inscribe esa dominación. Así como el Estado busca disciplinar a la sociedad mediante el miedo, el agresor machista busca disciplinar a la mujer mediante la violencia. Ambos operan desde la lógica del control absoluto.
Y hay un punto de convergencia clave: la impunidad. Cuando un sistema político se sostiene sobre la falta de rendición de cuentas, esa impunidad se filtra en todos los niveles sociales. El mensaje es transversal: la violencia puede ejercerse sin consecuencias.
Más allá del horror: politizar el duelo
Cada femicidio produce indignación, dolor, rabia. Pero si ese dolor no se politiza, corre el riesgo de diluirse en la repetición. El desafío es convertir cada caso en una denuncia estructural.
No basta con exigir justicia individual —que el agresor sea capturado—, aunque sea imprescindible. Es necesario cuestionar las condiciones que hacen posible que estos crímenes se repitan: la normalización de la violencia, la debilidad institucional, la ausencia de políticas efectivas de protección y el entramado cultural que sigue legitimando el control sobre las mujeres.
Nombrar el femicidio como lo que es —una forma extrema de violencia política contra las mujeres— implica también señalar responsabilidades más allá del agresor. Implica interpelar al Estado, a la sociedad y a un modelo de poder que se sostiene en la desigualdad.
Porque mientras el cuerpo de las mujeres siga siendo un territorio donde se puede ejercer violencia sin consecuencias, no estamos ante hechos aislados. Estamos ante un sistema.