Hace treinta años, la Feria Gastronómica del Mar en Corinto no nació como espectáculo ni como vitrina política, sino como un gesto profundamente comunitario. Impulsada por la iniciativa de There Arana y el sacerdote José Schendell, comenzó como una pequeña kermés parroquial destinada a sostener una obra concreta: el Hogar de Ancianos Santa Eduviges, refugio de quienes habían sido olvidados por el país.
Con el tiempo, esa iniciativa creció hasta convertirse en una de las tradiciones más significativas del occidente nicaragüense. No solo por su riqueza gastronómica, sino por lo que representa: un tejido de solidaridad popular donde pescadores, familias, estudiantes y feligreses convierten el trabajo colectivo en alimento, dignidad y cuidado. Cada plato servido es, en esencia, una forma de sostener la vida de otros.
Sin embargo, esa memoria también enfrenta hoy una tensión ineludible. Tras la crisis sociopolítica de 2018, la feria —como tantos otros espacios comunitarios— ha sido atravesada por dinámicas de control y vigilancia. La presencia de estructuras políticas y policiales no es un detalle menor: responde a una lógica más amplia del régimen por colonizar incluso los espacios pastorales, transformando iniciativas autónomas en escenarios de legitimación y disciplina social.
Ahí radica el dilema: colaborar con la feria sigue siendo un acto valioso, necesario incluso, porque sostiene proyectos sociales imprescindibles. Pero esa colaboración no puede ser ingenua. Participar también exige memoria crítica: recordar que la feria nació desde abajo, desde la comunidad y para la comunidad, no como extensión del poder.
Defender su esencia implica algo más que asistir o consumir; implica resguardar su sentido original frente a la instrumentalización. Porque cuando la solidaridad se convierte en herramienta de control, lo que está en juego no es solo una feria, sino la autonomía misma de la vida comunitaria.