En la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el oficialismo ya no necesita convencer sino apenas contar sus votos, el martes se aprobó una reforma constitucional que introduce la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”. Fue una decisión rápida, sin debate previo, sin estudio visible, sin ese ruido democrático que alguna vez acompañó las grandes transformaciones legales. Bastaron 59 manos levantadas de un total de 60 diputados para que el país avanzara un paso más hacia un modelo donde la dureza penal se ha convertido en lenguaje de Estado.
No fue solo una votación. Fue una escena política. Un acto casi ceremonial de reafirmación del proyecto de Nayib Bukele: el castigo como promesa, la cárcel como símbolo, la Constitución como instrumento maleable del poder. Desde el salón legislativo, dominado por Nuevas Ideas, el mensaje fue claro: el gobierno no solo quiere encerrar; quiere dejar inscrito en la Carta Magna que ciertos enemigos sociales no volverán jamás.
La reforma modifica el artículo 27 de la Constitución salvadoreña, que hasta ahora prohibía expresamente la pena perpetua. Con la nueva redacción, esa prohibición cede para permitir que la prisión de por vida recaiga sobre quienes sean señalados como homicidas, violadores o terroristas. El argumento oficial fue presentado como una garantía de seguridad para las familias salvadoreñas. Pero en el fondo, lo que se aprobó fue algo más profundo: la normalización constitucional de un Estado que hace del endurecimiento penal su principal capital político.
En el discurso gubernamental, la medida se presenta como justicia. En la práctica, se inserta en una arquitectura de poder que desde hace años viene desmontando contrapesos. La reforma aún debe ser ratificada en otra sesión plenaria, pero el trámite parece una formalidad en un Congreso controlado por el oficialismo. Más aún después de la reforma aprobada en enero de 2025, que permitió cambiar la Constitución en una sola legislatura, eliminando el antiguo requisito de dos períodos legislativos distintos. Desde entonces, la Constitución salvadoreña dejó de ser un muro y empezó a parecerse más a una puerta giratoria del poder.
La cadena perpetua llega, además, en un momento cargado de simbolismo: a pocos días de que se cumplan cuatro años del régimen de excepción decretado en marzo de 2022. Ese régimen, concebido inicialmente como una medida extraordinaria contra las pandillas, se ha convertido en una condición casi permanente del país. Bajo su amparo, más de 91.300 personas han sido detenidas acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales. Al menos 500 han muerto bajo custodia estatal, según recoge la propia nota, encendiendo las alarmas de organismos defensores de derechos humanos.
Y ahí está el corazón de esta historia: la cadena perpetua no nace en el vacío. No aparece como una reforma aislada ni como una respuesta puntual al delito. Se monta sobre una lógica ya consolidada: la excepcionalidad convertida en norma, el enemigo interno como justificación permanente y la popularidad como escudo para rediseñar el sistema político. En El Salvador, la seguridad dejó de ser solo una política pública; es el relato fundacional de un nuevo orden.
La diputada Suecy Callejas lo resumió sin rodeos: la reforma busca aplicar cadena perpetua a pandilleros, homicidas, feminicidas y violadores. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, también preparó el terreno horas antes, al insistir en que el país que se desea construir no debe tener lugar para homicidas ni violadores. Son frases diseñadas para producir consenso inmediato, porque apelan al miedo, al dolor y a la indignación social. Y en sociedades marcadas por la violencia, ese lenguaje encuentra eco. Pero precisamente ahí reside el riesgo: cuando el horror del crimen se usa para expandir sin límites el poder del castigo, la frontera entre justicia y autoritarismo empieza a desdibujarse.
Incluso la oposición tradicional, representada por ARENA, acompañó esta vez la votación. No es un dato menor. Cuando el consenso punitivo se impone también sobre quienes deberían disentir, la política deja de disputar el modelo y empieza apenas a administrarlo. En ese momento, el debate ya no es si la medida es popular, sino cuánto espacio queda para cuestionarla sin ser señalado como cómplice del crimen.
El Salvador, que durante décadas fue una de las sociedades más golpeadas por la violencia homicida en el continente, parece haber encontrado en Bukele una fórmula eficaz para reducir el miedo en las calles. Pero esa eficacia tiene un precio: la concentración del poder, la flexibilización constitucional y la expansión de un sistema penal extraordinario que ya no parece temporal. La cadena perpetua, en ese contexto, no es solo una pena. Es un símbolo de época.
Porque cuando un país reforma su Constitución para eternizar el castigo, también revela algo sobre sí mismo: que ha empezado a confiar más en la fuerza del encierro que en la fortaleza de sus instituciones. Y cuando el poder se acostumbra a legislar sin debate, a reformar sin freno y a gobernar desde la excepción, la prisión perpetua deja de hablar únicamente de los condenados. Empieza a hablar del país entero.