El nombre de Pedro Javier Fernández Sandoval, un campesino nicaragüense de 57 años, ha pasado de ser poco conocido a protagonista de un debate jurídico y político entre Costa Rica y Nicaragua que desvela tensiones más profundas sobre derechos humanos, persecución política y represión transnacional bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Fernández es un residente de largo tiempo en Costa Rica, donde vive desde hace aproximadamente 30 años y ha formado una familia —tiene cuatro hijas, una de ellas nacida en suelo costarricense— y se desempeñaba incluso como jardinero en una institución estatal costarricense.
¿Por qué Nicaragua lo reclama?
El Estado nicaragüense lo señala como uno de los presuntos responsables del asesinato de una oficial de policía y un civil en octubre de 2022, ocurrido en el municipio fronterizo de El Castillo, departamento de Río San Juan. La versión oficial de Managua sostiene que Fernández y otras personas integraban un grupo que, durante un asalto a una camioneta que transportaba dinero, acabó en un tiroteo fatal.
Por estos hechos, la Fiscalía de Nicaragua solicitó oficialmente su extradición, junto con otras figuras señaladas en el caso, como Douglas Gamaliel Pérez Centeno —quien ya fue extraditado— y Reinaldo Picado Miranda —actualmente refugiado en Costa Rica—.
¿Es Fernández un criminal o un perseguido político?
organizaciones nicaragüenses en el exilio, agrupaciones de derechos humanos y movimientos sociales han denunciado que lo reclamado por Nicaragua no es un proceso judicial legítimo, sino parte de un patrón de persecución política contra opositores al régimen Ortega-Murillo.
Los argumentos que se han presentado frente a la justicia costarricense incluyen:
- Que Fernández no se encontraba en Nicaragua al momento de los hechos, pues vivía y trabajaba en Costa Rica.
- Que las acusaciones forman parte de una criminalización de la disidencia política que se extiende incluso más allá de la frontera, mediante alertas de captura e instrumentos como Interpol.
- Que de enviarse de regreso a Managua, su integridad estaría en riesgo real de tortura, tratos inhumanos, desaparición forzada o incluso muerte, basándose en documentadas violaciones a derechos humanos en procesos judiciales en Nicaragua.
Estas denuncias han sido respaldadas por múltiples organizaciones, que incluso hicieron plantones y cartas públicas frente a tribunales en San José pidiendo que se respeten las normas internacionales de derechos humanos.
¿Qué decidió Costa Rica y qué significa?
El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José resolvió recientemente rechazar la solicitud de extradición formulada por Nicaragua en contra de Fernández.
La decisión revocó una sentencia anterior que sí había ordenado la entrega, basándose en un análisis de riesgos fundados de violaciones a derechos humanos y la falta de garantías procesales independientes y eficaces en el sistema judicial nicaragüense, considerado ampliamente por organismos internacionales como controlado por el régimen.
En lugar de enviarlo a Managua, el tribunal determinó que Fernández será procesado en Costa Rica, enfrentando cargos equivalentes bajo la ley tica, incluida la acusación de homicidio y otros delitos graves, lo que permite mantenerlo bajo custodia sin poner en riesgo su vida por motivos políticos.
¿Por qué importa este caso más allá de una extradición?
El episodio de Fernández no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de represión transnacional que afecta a opositores nicaragüenses en el exilio, especialmente en Costa Rica, donde la comunidad exiliada ha enfrentado desde procesos de extradición hasta ataques y asesinatos con posibles trasfondos políticos.
Que Costa Rica haya elegido aplicar el principio de no devolución y salvaguardar las garantías procesales y la integridad de un hombre que ha sido descrito por sus defensores como un perseguido político es, en sí mismo, un gesto político que resonará en la región sobre cómo los países vecinos responden a las solicitudes judiciales de un régimen acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos.