La Asamblea Nacional, dominada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este martes la nueva Ley de Territorio Fronterizo, una normativa que deroga la legislación de 2010 y otorga al Estado control absoluto sobre los 15 kilómetros de franja fronteriza hacia el interior del país. Esta medida, que elimina garantías previas para pueblos indígenas, propiedad privada y protección ambiental, ha levantado alarmas entre ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Con apenas cuatro artículos, en contraste con los 49 de la ley anterior, la nueva normativa declara toda la franja fronteriza como propiedad exclusiva del Estado, sin reconocer derechos de propiedad privada ni regímenes especiales para comunidades indígenas o áreas protegidas. Según el ambientalista Amaru Ruiz, esta ley parece diseñada para blindar legalmente las recientes concesiones mineras otorgadas por el régimen a un empresario chino en zonas protegidas como la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre de Río San Juan.
La legislación elimina disposiciones que promovían el desarrollo sostenible y la consulta previa con comunidades locales. Además, al desaparecer la Comisión del Territorio Fronterizo, todo el poder de decisión queda concentrado en la Presidencia, sin pesos ni contrapesos. Esto, según críticos, facilita la explotación de recursos naturales y el desalojo de habitantes, incluidos colonos asentados con autorización del propio régimen.
Un blindaje para concesiones mineras
El lunes, el régimen otorgó una nueva concesión minera de 39,172 hectáreas a la empresa china Thomas Metal Sociedad Anónima, representada por Xiangming Gu, en la Reserva Indio Maíz, una zona habitada por comunidades indígenas Rama-Kriol. Esta es la cuarta concesión de la empresa en la región, sumando un total de 108,464.30 hectáreas. “La ley parece hecha para legalizar estas concesiones, que afectan directamente áreas protegidas y violan normativas ambientales”, señaló Ruiz. Según el experto, las operaciones mineras se acercan al río, respetando únicamente los 30 metros exigidos por la Ley de Aguas, lo que pone en riesgo ecosistemas frágiles.
La ley anterior dividía los 15 kilómetros de franja en tres subzonas: una para el desarrollo socioeconómico, otra para la seguridad fronteriza y una tercera para la protección de territorios indígenas y áreas ambientales. Estas distinciones, que garantizaban un equilibrio entre soberanía, desarrollo y conservación, han sido eliminadas. Ahora, el régimen tiene vía libre para decidir el uso de estos territorios sin restricciones.
La versión oficialista
Desde el oficialismo, Rosario Murillo celebró la aprobación unánime de la ley, afirmando que “fortalece la soberanía” y ayuda a combatir el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. El diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista, aseguró que los nicaragüenses establecidos en la franja no se verán afectados y podrán continuar con su vida normal. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las advertencias de Ruiz, quien cuestiona qué pasará con los habitantes de estas zonas, incluyendo ciudades y comunidades indígenas, ahora que todo el territorio es considerado propiedad estatal.
“La ley anterior exceptuaba a las ciudades y reconocía derechos de propiedad. Ahora, al declarar todo como propiedad del Estado, podrían justificar desalojos o transferir el control al Ejército”, explicó Ruiz. Esto genera incertidumbre sobre el futuro de quienes viven en la franja, especialmente en áreas como Río San Juan, donde las concesiones mineras están en expansión.
La ley permite la expropiación de facto de tierras sin establecer ningún mecanismo claro de consulta o compensación. Además, convierte en sospechoso a todo el que viva cerca de una frontera.
Un aspecto clave y potencialmente grave es que la ley establece explícitamente que el «Territorio Fronterizo» es propiedad del Estado nicaragüense. Esto podría tener implicaciones significativas para la población y las actividades dentro de esta franja de 15 km hacia adentro.
Un retroceso en derechos y sostenibilidad
La derogada Ley N.º 749, de 2010, establecía limitaciones para proteger la soberanía, el medioambiente y los derechos indígenas, prohibiendo, por ejemplo, que extranjeros adquirieran tierras en zonas protegidas. La nueva normativa omite estas protecciones y elimina principios de desarrollo sostenible y armonía con el medioambiente. Para Ruiz, esto no solo afecta a las comunidades locales, sino que también podría servir como un “blindaje” para colonos asentados ilegalmente en áreas protegidas, como la ribera sur del río San Juan.
Con esta ley, el régimen de Ortega y Murillo consolida su control sobre las zonas fronterizas, priorizando intereses económicos y estratégicos por encima de los derechos de las comunidades y la conservación ambiental. Organizaciones y activistas continúan alertando sobre las consecuencias de esta normativa, que marca un retroceso en la protección de los recursos naturales y los derechos fundamentales de los nicaragüenses.