La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó dos reformas legales que fortalecen al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), otorgándole facultades notariales y el poder de autorizar subsidios hipotecarios excepcionales más allá del límite establecido para viviendas de interés social.
Uno de los cambios más relevantes quedó plasmado en la reforma a la Ley 677, Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social. Con esta modificación, el régimen amplió el rango de precios de las viviendas que pueden optar a subsidios vinculados al crédito hipotecario. Ahora podrán acceder al beneficio casas unifamiliares cuyo precio supere los 40 mil dólares y proyectos multifamiliares de hasta 50 mil dólares.
Además, se introdujo una disposición excepcional que permite al Invur —con autorización directa de la Presidencia— otorgar subsidios, tasas preferenciales e incentivos a proyectos que sobrepasen el techo de los 50 mil dólares. El argumento oficial es el aumento en los costos de construcción, transporte, mano de obra y servicios, lo que —según el régimen— hace insuficiente el subsidio actual para cubrir una parte significativa del costo total de la vivienda.
La reforma señala que, “de forma excepcional”, el Invur, a través de su codirector o codirectora, tendrá la potestad de aprobar estos beneficios con el aval de la Presidencia, incluso si los montos del préstamo hipotecario, más la prima, exceden los límites previamente establecidos.
Según Ortega y Murillo, el objetivo es proteger uno de los sectores que más empleo genera en el país y facilitar el acceso a vivienda, aunque la medida podría beneficiar principalmente a constructoras cercanas al régimen.
Invur asume funciones notariales
De forma paralela, la Asamblea también reformó el artículo 5 de la Ley 428, Ley Orgánica del Invur, para concederle facultades notariales que le permitirán elaborar, desmembrar y emitir escrituras públicas, sin depender de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta modificación le da al codirector o codirectora del Invur la capacidad de realizar actos jurídicos como compraventas y donaciones sobre bienes reales estatales, con el argumento de agilizar la legalización de viviendas sociales y brindar seguridad jurídica a las familias beneficiadas.
En la práctica, esta medida desplaza a la PGR y al Registro Público en la gestión de estos actos, centralizando más poder en manos de una institución alineada directamente con el Ejecutivo.