Amnistía Internacional declaró como personas presas de conciencia a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez y al pastor comunitario José Ángel Pérez, detenidos recientemente en El Salvador. La organización internacional exigió su liberación inmediata e incondicional, y denunció que sus arrestos forman parte de una estrategia de persecución sistemática contra voces críticas del gobierno de Nayib Bukele.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, dijo que López, Henríquez y Pérez fueron detenidos en mayo de 2025 bajo acusaciones que, según Amnistía, carecen de garantías procesales y buscan desincentivar la acción ciudadana desde distintos frentes: el jurídico, el ambiental y el comunitario. La organización alertó que estos casos reflejan una escalada autoritaria que atenta contra los derechos humanos y el Estado de derecho en el país.
Amnistía subrayó que las tres personas fueron privadas de libertad por ejercer pacíficamente sus derechos, sin haber recurrido a la violencia ni incitado al odio, lo que cumple con los criterios internacionales para ser reconocidas como presas de conciencia.
Ruth López, abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, fue arrestada el 18 de mayo y es reconocida internacionalmente por su labor contra la corrupción. Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez fueron capturados el 13 de mayo durante una protesta pacífica contra un desalojo forzoso en la comunidad El Bosque, en la que habitan más de 300 familias.
Amnistía también señaló que estas detenciones se dan en un contexto de regresión institucional, caracterizado por la instrumentalización del régimen de excepción, la concentración del poder en el órgano Ejecutivo y la eliminación de contrapesos judiciales. Además, denunció que en El Salvador el derecho a un juicio justo ha sido prácticamente desmantelado.
En los últimos años, las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos han crecido exponencialmente. Solo en 2024 se documentaron más de 500 ataques, según la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. A esto se suma la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que restringe la labor de organizaciones de sociedad civil y castiga la cooperación internacional.
Amnistía concluyó haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional a actuar con firmeza ante el cierre del espacio cívico en El Salvador y a exigir la liberación inmediata de todas las personas injustamente detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos