En un nuevo acto de represión, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha condenado al capitán retirado Aníbal Rivas Reed, de 61 años, a 50 años de prisión bajo el falso cargo de «traición a la patria». La familia del exmilitar denunció que el proceso fue una farsa judicial, sin garantías ni transparencia, y que desconocían su paradero desde su secuestro por la Policía Nacional el 17 de mayo de 2025 en Matagalpa.
Secuestro y farsa judicial
Aníbal Rivas Reed fue detenido arbitrariamente en Matagalpa, en el norte del país, por agentes del régimen. Según un comunicado difundido por sus familiares en la red social X, el exmilitar fue sometido a un juicio amañado, diseñado para silenciar a quienes se atreven a desafiar la dictadura. «Cincuenta años de cárcel por ‘traición a la patria’, esa misma patria que Ortega y Murillo saquean y oprimen», denunció Sadie Rivas, hija del condenado, en un mensaje cargado de indignación.
Los familiares solo pudieron confirmar el viernes 27 de junio que Rivas Reed está recluido en una prisión en Managua, aunque el régimen oculta el lugar exacto, manteniendo un velo de secretismo sobre su situación.
Tortura y violaciones a derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Rivas Reed, alertando sobre la «gravedad y urgencia» de su caso. Según la CIDH, el exmilitar sufre confinamiento solitario en una celda pequeña, sin luz ni contacto con el exterior, condiciones que la familia califica como «tortura» bajo estándares internacionales. «Este aislamiento cruel e inhumano es una muestra más de la brutalidad del régimen», denunciaron.
Un oficial de la Policía en Matagalpa habría informado que Rivas Reed fue trasladado a Managua tras su detención, pero el régimen se niega a proporcionar detalles, perpetuando la angustia de sus seres queridos.
Este caso es un reflejo del clima de terror impuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han intensificado su represión desde las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU. El régimen utiliza cargos como «traición a la patria» para aplastar cualquier voz disidente, consolidando su control sobre Nicaragua a través de un sistema judicial servil a sus intereses.