El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió enviar una misión tripartita de alto nivel a Nicaragua para que evalúe las quejas que existen en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones de los derechos de los trabajadores y los empresarios o candidatos por razones políticas.
La decisión se tomó luego de que la dictadura Ortega Murillo se negó a cumplir con solicitudes de la OIT sobre detener los abusos contra empleados y empresarios, incluidos encarcelamientos, así como restituir derechos como restaurar personerías jurídicas del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). y otros gremios empresariales que han sido cancelados.
El opositor Juan Sebastián Chamorro explicó que la decisión de la OIT es semejante a la que han tomado organismos internacionales de derechos humanos en contra de la dictadura por crímenes de lesa humanidad, pero los Ortega Murillo desde diciembre de 2018 no dejan entrar al país a ninguna. delegación de dichos organismos.
«Vamos a ver si el régimen acepta la entrada de esta comisión (de la OIT)», advirtió Chamorro. La misión tripartita, sea que la dictadura la deje entrar al país o no, deberá presentar, en marzo de 2025, durante la 353 reunión del Consejo de Administración, un informe completo para que con base en el mismo se adopten nuevas medidas de acuerdo a los reglamentos en contra de los Ortega Murillo.
Los abusos denunciados por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) se refieren principalmente a que, desde abril de 2018, el régimen Ortega Murillo ha creado un «persistente clima de intimidación y acoso de las organizaciones de trabajadores y de inmigrantes independientes».
Además, los Ortega Murillo también han convertido en prisioneros políticos a dirigentes empresariales, como fueron los casos de José Adán Aguerri y Michael Healy, expresidente y presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), organismo que también fue cancelado junto a otras agrupaciones. empresarial.