Defensores de derechos humanos denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que la represión ejercida por el Estado nicaragüense no solo persiste dentro del país, sino que también se ha extendido contra personas exiliadas en el extranjero. La denuncia fue presentada durante el 61.º período de sesiones del organismo, en el marco del diálogo interactivo sobre el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Durante su intervención, Juan Carlos Arce, integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, advirtió que el aparato represivo continúa ampliándose y subrayó la necesidad de mantener activos los mecanismos internacionales de monitoreo y documentación para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. El defensor recordó que el mandato del Grupo de Expertos fue renovado por dos años para continuar investigando las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018.
Arce señaló que la persecución estatal ha provocado un éxodo masivo: más de 873 mil nicaragüenses han abandonado el país en busca de protección internacional. También denunció la situación de los pueblos indígenas, particularmente por el despojo y la usurpación de territorios, una dinámica que, según expuso, empuja a estas comunidades a escoger entre el exilio, la cárcel o la persecución.
En su exposición, el defensor mencionó además el caso de integrantes de la familia Bruno —Rodrigo, Olivier, Evert y Antonio Alberto—, a quienes identificó como presos políticos en situación de alto riesgo. Asimismo, exigió prueba de vida del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, detenido desde septiembre de 2023 y cuyo paradero sigue sin confirmarse, además de reclamar información sobre todas las personas víctimas de desaparición forzada.
En el mismo espacio, Salvador Marenco, también del Colectivo Nicaragua Nunca Más, alertó sobre la consolidación de una represión transnacional que persigue a opositores incluso fuera del territorio nicaragüense. Según detalló, la organización ha documentado 199 casos que incluyen amenazas, vigilancia, hostigamiento, negación de documentos, apatridia de facto, atentados e incluso asesinatos, principalmente en países como Costa Rica y Honduras.
Marenco sostuvo que estos hechos demuestran que el exilio ha dejado de ser un espacio seguro para miles de nicaragüenses y advirtió que esta estrategia busca sembrar miedo, silenciar las denuncias y frenar las demandas de justicia. Entre los casos expuestos figuran los asesinatos de Jaime Luis Ortega, Roberto Samcam y Rodolfo Rojas, así como los atentados contra Joao Maldonado y Nadia Robleto.
Los defensores insistieron en que esta dimensión extraterritorial de la represión no solo vulnera los derechos de las personas exiliadas, sino que también compromete la soberanía de los países de acogida y debilita el sistema internacional de protección a refugiados. En ese sentido, llamaron a la comunidad internacional a adoptar medidas firmes para proteger a las víctimas y avanzar en la rendición de cuentas frente a los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.