La organización ambientalista Fundación del Río cuestionó el reciente comunicado emitido por la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Minas, en el que el Estado asegura que las concesiones mineras en Nicaragua cumplen con los principios de legalidad, transparencia y supervisión ambiental. La ONG sostiene que esa afirmación contradice la realidad documentada en los territorios donde opera la industria extractiva.
El pronunciamiento oficial, fechado el 21 de febrero de 2026, defiende que las concesiones han sido otorgadas conforme a la legislación vigente y bajo un “sólido marco regulatorio”. También destaca el peso económico del sector, señalando que las exportaciones de oro superaron los 1.961 millones de dólares en 2025, con empresas como Equinox y Hemco Mineros entre las principales operadoras.
Sin embargo, Fundación del Río asegura haber documentado actividades de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, así como el traslado irregular de materiales desde Costa Rica hacia territorio nicaragüense para su procesamiento. Según la organización, estas prácticas estarían vinculadas a redes ilícitas que operan en torno al negocio extractivo.
La ONG también cuestiona cambios en el sistema de evaluación ambiental que, a su juicio, han debilitado los controles estatales y permitido la expansión de la minería incluso en zonas protegidas. Además, denuncia que el Estado no ha garantizado consultas libres, previas e informadas a las comunidades afectadas, incumpliendo estándares internacionales sobre derechos territoriales.
Mientras el Gobierno sostiene que el sector cumple sus obligaciones legales, tributarias y ambientales, la organización insiste en que persisten riesgos graves para los ecosistemas y las poblaciones locales. La controversia reabre el debate sobre el modelo extractivo en Nicaragua, en un contexto donde el oro se ha convertido en uno de los principales pilares de exportación, pero también en foco de crecientes cuestionamientos por su impacto social y ambiental.