La camisa oscura ya no es una elección. Es una obligación.
En las oficinas de cedulación, donde el calor se pega a la piel y la espera se vuelve rutina, los ciudadanos deberán presentarse con un color específico, como si la identidad, además de registrarse, también tuviera que uniformarse. Frente a la cámara, no bastará con existir: habrá que cumplir el protocolo. La fotografía no solo capturará un rostro, sino un momento preciso en el que el Estado redefine la forma en que reconoce a los suyos.
Desde el 21 de febrero de 2026, Nicaragua comenzará a ver circular una nueva cédula. El anuncio llegó desde el Consejo Supremo Electoral, la institución encargada de custodiar la identidad legal de los nicaragüenses, que prometió un documento con tecnologías más avanzadas, materiales más resistentes y una imagen renovada, diseñada —según su versión— para reforzar la seguridad y proteger los datos personales.
Pero en la vida cotidiana, la noticia no llegó en forma de tecnología, sino de trámite.
En barrios de Managua, en municipios rurales y en ciudades donde el tiempo parece avanzar más lento, la cédula sigue siendo mucho más que un documento plástico. Es la llave para trabajar, para votar, para cobrar, para existir ante el Estado. Sin ella, el ciudadano queda suspendido en una especie de limbo administrativo.
El cambio, sin embargo, no será inmediato. Las cédulas actuales seguirán siendo válidas hasta su vencimiento. No habrá prisa obligatoria, al menos en el papel. La transición será progresiva, como una marea que avanza sin que muchos la noten al principio.
En las oficinas, el proceso seguirá teniendo el mismo precio: 300 córdobas. Aunque, como gesto inicial, quienes la soliciten por primera vez la recibirán gratis. El trámite podrá realizarse en cualquier oficina del país, en esas mismas ventanillas donde se acumulan historias de espera, resignación y, a veces, esperanza.
Lo que cambia es el símbolo.
La nueva cédula promete ser más difícil de falsificar, más moderna, más segura. Pero también representa otra capa en la relación entre el ciudadano y el poder. Porque la identidad, cuando pasa por las manos del Estado, deja de ser únicamente personal. Se convierte en un registro, en un número, en una imagen validada oficialmente.
Mientras tanto, la vida sigue.
El campesino que la usará para vender su cosecha. La joven que la presentará en su primer empleo. El migrante que la guardará como último vínculo físico con su país.
Todos, tarde o temprano, terminarán frente a la cámara.
Con camisa oscura.
Esperando que el lente confirme, una vez más, que existen.