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Un país que niega el regreso a sus sacerdotes, el caso de José Concepción Reyes

El sacerdote José Concepción Reyes Mairena creyó que el viaje era un regreso. Habían pasado dos años desde la última vez que caminó por su tierra, desde que dejó atrás la Diócesis de León y el Seminario Mayor donde formaba a nuevos sacerdotes. Venía desde España con la convicción íntima de quien vuelve a casa, con el equipaje ligero de quien sabe que su vida no cabe en una maleta, sino en el lugar donde ha servido. Pero Nicaragua ya no era el país que había dejado. Y el aeropuerto de Managua dejó de ser una puerta para convertirse en frontera definitiva.

Cuando el avión aterrizó, no hubo abrazos ni fieles esperando. Solo funcionarios de Migración y agentes del Ministerio del Interior. Lo retuvieron. Lo interrogaron. Le hicieron preguntas que no buscaban respuestas, sino reafirmar una decisión ya tomada. Minutos o tal vez horas después —porque en esos pasillos el tiempo pierde su forma— le notificaron que no podía entrar. No importó que fuera nicaragüense. No importó que fuera sacerdote. Le negaron el país.

Sin juicio ni explicación pública, lo obligaron a abordar un vuelo de regreso a España. El mismo cielo que había cruzado con esperanza lo devolvía ahora como desterrado. Su expulsión fue inmediata, silenciosa, parte de un operativo que, según reportes periodísticos, forma parte de una nueva fase de expulsiones que profundiza la llamada “limpieza eclesial” contra la Iglesia católica en Nicaragua.

El padre Concepción Reyes no era un desconocido. Las personas laicas de León cuentan de él que había sido formador de seminaristas y, en noviembre de 2022, celebró una misa en el Poder Judicial de Occidente en honor a la Inmaculada Concepción, un gesto que entonces parecía parte de la rutina pastoral, «siempre fue cercano y nunca se metió en política» dice una agente pastoral de la Catedral de León bajo anonimato, pero esas actividades pastorales que deberían ser algo normal en un clérigo hoy adquieren el peso de un acto de fe en tiempos de vigilancia. Ni siquiera la jerarquía local, socia y amiga de Rosario Murillo pudo impedir su expulsión.

Su historia se suma a una larga lista. Con su caso, la cifra de religiosos desterrados, expulsados o impedidos de ingresar al país ascendió a 309, según registros de organizaciones que documentan la persecución religiosa. Una violación a la libertad religiosa, ya que algunos han sido encarcelados, otros despojados de documentos, otros borrados administrativamente, como si nunca hubieran existido. Lo que viven los sacerdotes también lo viven miles de nicaragüenses que han tenido que salir del país por persecución o forzados a buscar mejores oportunidades de vida en en el extranjero.

«Pero el destierro no empieza cuando el avión despega. Empieza antes, en el instante en que un país deja de reconocerlo a uno. Empieza cuando el Estado decide que tu fe, tu palabra o tu sola presencia son incompatibles con su poder» expresa Sor Marta, una religiosa de carisma dominicano, que no pudo regresar a Nicaragua a ver a sus padres enfermos, ya que el régimen le impidió el regreso y anuló el pasaporte.

En Nicaragua, la Iglesia se convirtió en objetivo cuando dejó de ser solo templo y se volvió refugio. Cuando acompañó a personas presas políticas, cuando denunció la violencia, cuando se puso del lado de las víctimas. Desde entonces, sacerdotes, religiosas, religiosos y obispos han sido encarcelados, exiliados o expulsados, en una estrategia que busca silenciar una de las pocas instituciones con arraigo moral en la sociedad.

Ahora el padre Concepción Reyes camina en otra tierra, con el mismo sacerdocio, pero sin parroquia. Su exilio no tiene barro ni campanas ni rostros conocidos. Solo la memoria.

Porque el destierro moderno no necesita cadenas. Solo necesita un aeropuerto. Y una orden que diga que ya no perteneces.

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