La Alcaldía de Chinandega ha lanzado con bombos y platillos su campaña de “cero tolerancias a quien contamina”, quien sea sorprendido tirando basura será multado y exhibido como infractor ambiental. El ejemplo reciente —un ciudadano sorprendido “infraganti” arrojando desechos sólidos en el puente de La Retirada, contaminando el Río Acome— sirve como postal perfecta para reforzar el relato oficial de autoridad, orden y progreso.
Sin embargo, detrás de esta narrativa verde se esconde una política vieja y conocida: la recaudación disfrazada de conciencia ambiental.
Resulta llamativo que una municipalidad que presume inversiones constantes en movimientos ambientalistas como el Guardabarranco, jornadas de educación ambiental y discursos sobre desarrollo sostenible, no haya logrado —o no haya querido— impulsar políticas municipales transformadoras desde lo comunitario. Se castiga al individuo, pero se absuelve al sistema.
Desde una mirada sociológica, tirar basura no es solo un acto individual ni un problema moral. Es una práctica social que se construye en contextos de abandono institucional, precariedad de servicios y ausencia de alternativas reales. ¿Dónde están los sistemas eficientes de recolección de desechos? ¿La cobertura regular en barrios periféricos? ¿Los contenedores de basura prometidos en campaña por la alcaldesa?.
En Chinandega, como en muchas ciudades del país, la cultura de “tirar basura” no surge del desinterés ambiental innato de la población, sino de años de políticas municipales centradas en la imagen y no en el servicio. Cuando el camión recolector no pasa, cuando los basureros improvisados se convierten en la única opción, cuando la municipalidad aparece más para multar que para resolver, el mensaje es claro: la responsabilidad recae siempre en los de abajo.
La llamada cero tolerancias no viene acompañada de un debate público, ni de procesos comunitarios, ni de corresponsabilidad institucional. Se trata de una política vertical, punitiva y selectiva, donde el poder local actúa como juez y cobrador, pero no como garante de derechos urbanos básicos. En ese esquema, el triciclo decomisado y la multa aplicada funcionan más como escarmiento ejemplarizante que como solución ambiental.
El ambientalismo municipal no puede reducirse a operativos, fotografías y sanciones. Cuidar el medio ambiente también es garantizar servicios municipales de calidad, invertir en infraestructura pública, escuchar a las comunidades y transformar hábitos desde la inclusión, no desde el castigo.
Porque al final, cuando la política ambiental se limita a multar sin ofrecer alternativas, lo que se combate no es la contaminación, sino la pobreza organizada fuera del discurso oficial. Y eso, por más verde que se pinte, no es progreso.