En 2025, Nicaragua vive una contradicción económica que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, intenta ocultar tras mantener en sus medios de propaganda una narrativa de estabilidad y progreso en el país.
El Banco Central de Nicaragua (BCN), proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 3.5% y 4.5% para este año, según sus perspectivas macroeconómicas publicadas en diciembre de 2024 y confirmadas en abril de 2025. Sin embargo, la realidad para los nicaragüenses es mucho más cruda: los precios de los bienes esenciales están por las nubes, los salarios no alcanzan para cubrir necesidades básicas, y la falta de control sobre los precios del mercado agrava la precariedad.
Mientras tanto, las redes sociales proyectan una imagen distorsionada de prosperidad, impulsada por “influencers” que refuerzan la propaganda del régimen. Este reportaje investigativo, basado en datos y testimonios, expone cómo la dictadura maneja la economía del país de manera que beneficia a un círculo reducido de poder, dejando a la mayoría en la pobreza.
La Canasta Básica Inalcanzable
El costo de la canasta básica, que incluye alimentos esenciales como arroz, frijoles, huevos y aceite, ha alcanzado aproximadamente USD 520 al mes, mientras que el salario promedio en Nicaragua es de USD 300.
Esto significa que un trabajador promedio no puede cubrir ni siquiera la mitad de los costos básicos de alimentación para una familia. Según análisis realizados por el economista Manuel Orozco, dos tercios de la población viven con menos de USD 150 al mes, lo que ha incrementado la pobreza, la desnutrición y el descontento social.
La inflación, aunque oficialmente reportada por el BCN en un 6% interanual en octubre de 2023, ha desacelerado hasta un 0.89% en junio de 2025, según datos del INIDE. Sin embargo, sigue afectando a los ciudadanos debido a factores externos, como los precios internacionales de los alimentos, y a la ineficiencia interna en la cadena de suministro.
Por ejemplo, el precio de los frijoles, un alimento básico en la dieta nicaragüense, ha aumentado significativamente debido a la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas y a problemas logísticos locales, como la falta de infraestructura adecuada para el transporte y almacenamiento de productos agrícolas.
Además, los servicios básicos como la electricidad y el agua han visto incrementos constantes en sus tarifas, sin que exista un control efectivo por parte del gobierno. En 2024, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) reportó ajustes en las tarifas eléctricas que afectan directamente a los hogares de bajos ingresos, quienes destinan hasta el 30% de sus ingresos a servicios básicos, según un análisis del medio digital Confidencial.
La Falta de Control de Precios
Mientras existe una estrategia de distracción frente a la realidad, lo que existe en Nicaragua es la ausencia de regulación efectiva en los mercados nicaragüenses es un factor clave en la escalada de precios. El gobierno no ha implementado medidas para controlar los costos de bienes esenciales o servicios básicos, dejando a los consumidores vulnerables ante los vaivenes del mercado.
Por ejemplo, los precios de los combustibles, que afectan el transporte y los costos de producción, fluctúan sin intervención estatal significativa, a pesar de que empresas cercanas al régimen, como DNP, controlan una parte importante de las importaciones de petróleo. Esta falta de regulación permite que los precios de los alimentos y otros bienes se disparen, especialmente en mercados informales, que representan más del 80% de la actividad económica del país.
Además, la informalidad laboral agrava la situación. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), casi el 60% de los empleos en Nicaragua son informales, lo que significa que los trabajadores no tienen acceso a protecciones sociales ni a ingresos estables que les permitan enfrentar los aumentos de precios.
El economista Marco Aurelio Peña, en un testimonio exclusivo para este reportaje, señala que la falta de un plan estratégico para fomentar empleos formales y de alta calidad perpetúa esta vulnerabilidad, manteniendo al país «estancado en la informalidad». Peña describe la situación como una «economía del malestar», donde el crecimiento oficial no se traduce en desarrollo humano ni en empleos formales de calidad.
«El trabajo nicaragüense es informal. Esto quiere decir que tres de cada cuatro personas se desempeñan en un empleo informal, cuatro de cada 10 personas están ocupadas en un subempleo y esto explica que la gente de alguna manera consiga ingresos para ganarse la vida. Estas personas no tienen protección social, no están incorporadas a la seguridad social y, de hecho, cerca de una quinta de la población ocupada apenas está incorporada a la seguridad social. Por tanto, esta situación no va a cambiar», afirma Peña.
El Rol de la Dictadura
El régimen de Ortega-Murillo ha priorizado la consolidación de su poder sobre el bienestar económico de la población. Las recientes reformas constitucionales de 2024 y 2025, que definen a Nicaragua como un «estado socialista revolucionario», han otorgado al gobierno un control discrecional sobre el sistema financiero, aumentando la vulnerabilidad del país ante sanciones internacionales.
Estas medidas, según el analista Manuel Orozco, no solo refuerzan el control político, sino que también exponen a la economía a riesgos externos, como la posible imposición de un 18% de aranceles por parte de Estados Unidos bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio.
Además, el endeudamiento externo, aunque reducido en 2024, sigue dependiendo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mientras que las promesas de inversión china no se han materializado significativamente, con solo USD 9 millones desembolsados de los USD 1,000 millones prometidos.
Esta dependencia de fuentes externas, combinada con la represión política, ha limitado la inversión extranjera directa y ha expulsado a algunas empresas transnacionales, reduciendo las oportunidades de empleo formal y afectando la productividad.
Peña añade que Nicaragua sufre de una «economía patrimonialista», donde «un estado totalmente capturado por intereses especiales, una cúpula política que a su vez forma parte de una cúpula empresarial, cuando los fondos públicos van a parar a patrimonios particulares en condiciones para nada transparentes (…) y agregamos al ejército como una corporación económica que administra empresas privadas pero que a su vez se alimenta de los fondos públicos».
El economista sostiene que el gobierno sandinista «no es progresista, sino que le conviene mantener a la gente en condición de pobreza, para que dependan de sus programas sociales, que son clientelares y muy sensibles a la corrupción». Además, rechaza etiquetar al régimen como neoliberal: «Todas las corrientes liberales respetan los derechos de propiedad (…) La pregunta es ¿El gobierno sandinista ha respetado la propiedad privada?». Peña concluye que «difícilmente un gobierno como el que aflige Nicaragua va a recibir transferencias de tecnología, inversiones extranjeras que cambien estructuralmente el aparato productivo».
*Espere la segunda parte de este reportaje
REPORTAJE REALIZADO POR EL EQUIPO DE RADIO VERITAS NICARAGUA / RENACER CENTROAMERICA.