El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó este 28 de agosto una nueva reforma a la Constitución Política de Nicaragua, modificando el artículo 118. La enmienda ordena a los funcionarios del Estado la “correcta administración” de los bienes públicos y establece sanciones inmediatas por lo que el oficialismo denomina “mala administración”.
Según el texto aprobado, “el incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia”.
Una reforma más en un proceso de control total
Esta es la cuarta reforma constitucional en dos años impulsada por Ortega y Murillo, parte de un proceso que ha transformado radicalmente el marco legal del país. Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— aprobó cambios que eliminaron la separación de poderes y subordinaron al Legislativo, Judicial, Electoral, de control y fiscalización, así como a los gobiernos regionales y municipales, al Ejecutivo.
Entre las reformas más polémicas ya implementadas destacan:
- Copresidencia institucionalizada: Ortega y Murillo fueron elevados al mismo rango de poder dentro del Ejecutivo.
- Extensión del mandato presidencial: El período de gobierno pasó de cinco a seis años.
- Nacionalización de símbolos partidarios: La bandera rojinegra del Frente Sandinista fue incorporada como símbolo patrio.
Vigilancia y castigo en el artículo 118
Con la nueva modificación, el régimen blinda jurídicamente su control interno, obligando a los funcionarios a rendir cuentas bajo amenaza de remoción inmediata y procesos judiciales. En la práctica, esta reforma otorga al Ejecutivo un poder discrecional para castigar a cualquier servidor público que no se someta a las directrices oficiales.
Reacciones internacionales
El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua expresó preocupación por la reforma, alertando que refuerza el poder absoluto de Ortega y Murillo y elimina el respeto a la dignidad de la persona. Diversos actores internacionales han señalado que estas transformaciones constitucionales confirman la deriva autoritaria y totalitaria del régimen.
Un Estado hecho a la medida del oficialismo
La reforma al artículo 118 confirma la estrategia del sandinismo de remodelar la Constitución para perpetuar su poder. Con la eliminación de la independencia de poderes, la subordinación de todas las instituciones y el blindaje jurídico de sus mecanismos de vigilancia, Ortega y Murillo consolidan un Estado donde el control político y administrativo queda centralizado en la pareja presidencial.