Las agresiones contra la Iglesia católica en Nicaragua han disminuido en lo que va de 2025, pero no porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo haya cesado su política represiva, sino porque los religiosos optan por guardar silencio ante el temor de castigos contra ellos y sus familias.
Así lo revela la séptima edición del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, elaborado por la investigadora nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina. Según el estudio, entre enero y julio de este año se registraron 32 hostilidades contra la Iglesia católica, muy por debajo de las 183 reportadas en 2024 y de las 321 de 2023.
Molina advirtió que la reducción de denuncias “no significa que la dictadura haya dejado de cometer arbitrariedades”, sino que se manifiestan “otras formas de represión”. Explicó que los sacerdotes y religiosos omiten denunciar por la amenaza constante de la policía y los militares, el riesgo de destierro y el miedo a represalias contra sus familiares.
El informe también subraya la ausencia de medios independientes dentro de Nicaragua, lo que dificulta documentar y dar a conocer las agresiones. Desde abril de 2018 hasta julio de 2025 se contabilizan 1,010 ataques, que incluyen 362 represiones directas contra religiosos, 244 ataques a templos, 103 robos y profanaciones, 98 agresiones a laicos, 92 mensajes de odio, 75 acciones contra medios y ONG vinculadas a la Iglesia y 36 confiscaciones.
Además, se cerraron de forma arbitraria 13 universidades, 24 medios de comunicación y 75 organizaciones católicas. Entre 2019 y 2025 la Policía Nacional prohibió 16,564 procesiones y actividades religiosas, y un total de 302 religiosos —170 hombres y 132 mujeres— se han visto obligados a abandonar su misión pastoral dentro del país.
Molina agregó que parte de la documentación ya llegó al Vaticano y que en septiembre se entregará una copia física del informe al papa León XIV.
Las tensiones entre la Iglesia y el Gobierno se agudizaron tras la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano en 2023. En aquel contexto, el papa Francisco calificó al régimen sandinista como una “dictadura grosera” y cuestionó el “desequilibrio” de Daniel Ortega.