A primera vista, la noticia sobre el avance del proyecto de agua en las comunidades de Santa Cruz y San Cristóbal, en el departamento de Chinandega, parece ser un triunfo más del discurso oficialista: unas 500 familias por fin podrán contar con agua potable en sus hogares, gracias a la construcción de un sistema que ya presenta un 85% de avance físico. El proyecto incluye perforación de pozo, obras civiles, redes de distribución, energización y un tanque de almacenamiento. Lo ejecuta el Gobierno a través de ENACAL y la alcaldía, con respaldo financiero del BCIE y la participación de las familias beneficiadas.
Sin embargo, detrás de esta narrativa se esconde una realidad preocupante: la desaparición paulatina y forzada de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), que durante años fueron pilares fundamentales para la gestión comunitaria, participativa y democrática del recurso hídrico en las zonas rurales del país.
Los CAPS no solo garantizaban el acceso al agua en comunidades históricamente excluidas del presupuesto público, sino que además fortalecían el tejido organizativo, el liderazgo local, la transparencia y el control social. Eran espacios de empoderamiento comunitario, donde mujeres, jóvenes y liderazgos territoriales tomaban decisiones sobre su propio acceso al agua, aportando cuotas solidarias, cuidando los sistemas, fiscalizando su uso, y enfrentando con dignidad la histórica indiferencia del Estado.
Pero en el nuevo modelo centralizado impulsado por el régimen Ortega-Murillo, estos comités han sido desplazados o absorbidos por estructuras verticales alineadas al partido. ENACAL ha ido asumiendo el control total de los sistemas comunitarios, incluso en lugares donde antes no tenía presencia, bajo el argumento de “garantizar eficiencia”. Sin embargo, lo que se ha consolidado es una lógica autoritaria de gestión del agua, donde las comunidades pierden voz, pierden autonomía y se transforman en usuarias pasivas de un servicio politizado.
La participación de las familias en el proyecto de Chinandega no debe confundirse con poder de decisión. En la práctica, las comunidades no son consultadas sobre el diseño de los sistemas, la fijación de tarifas o el modelo de sostenibilidad. Todo esto se decide desde arriba, con criterios técnicos y políticos ajenos a las dinámicas comunitarias. Es más, en muchas regiones del país, las personas que intentan mantener vivos los antiguos CAPS enfrentan presiones, amenazas o simplemente la indiferencia institucional.
En este sentido, el proyecto que hoy se celebra en Chinandega debe ser leído también como un signo del nuevo régimen de control sobre los bienes comunes, donde el agua —un derecho humano fundamental— se convierte en una herramienta de legitimación política, en un recurso que se entrega a cambio de lealtad, silencio o subordinación.
Por eso, mientras celebramos el avance en el acceso físico al agua, debemos denunciar la regresión en el acceso político al agua: en Nicaragua se está perdiendo el derecho a decidir colectivamente cómo, quién y para qué se gestiona este bien vital. Y esa pérdida, aunque silenciosa, es una forma más de despojo.