La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, ha aprobado este jueves una reforma constitucional que elimina las prohibiciones existentes para la reelección presidencial inmediata, permitiendo así la reelección indefinida del jefe de Estado.
La iniciativa ha sido respaldada por 57 de los 60 diputados que conforman el Parlamento, en su mayoría oficialistas y aliados, mientras que solo tres legisladores opositores votaron en contra.
Esta reforma modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución salvadoreña, y contempla además una ampliación del período presidencial de cinco a seis años. Asimismo, elimina la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, de modo que la elección se decida en una sola ronda.
Otro punto relevante es que adelanta el término del mandato actual de Bukele, que originalmente concluía en 2029, para que finalice en 2027, año en que también se llevarán a cabo las elecciones legislativas y municipales, facilitando así la sincronización de los comicios.
La diputada Ana Figueroa, principal promotora de las reformas, ha afirmado durante la presentación de la iniciativa que «lo importante es darle el poder total al pueblo salvadoreño», defendiendo que «históricamente la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular sin prohibiciones, los alcaldes se pueden reelegir cuantas veces quieran, lo mismo los diputados».
La oposición denuncia la reforma como grave retroceso democrático
Sin embargo, la oposición ha manifestado un rechazo contundente a estos cambios. Los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos denunciaron que la reforma constituye un grave retroceso democrático. La diputada Marcela Villatoro (ARENA) ha declarado que “hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, criticando la forma acelerada y sin consulta en la que se aprobó la reforma, calificándola como «burda y cínica».
Por su parte, el diputado Francisco Lira (ARENA) ha calificado la iniciativa como inconstitucional y la ha comparado con los procesos de concentración de poder vistos en países como Perú bajo Alberto Fujimori y Venezuela con Hugo Chávez. Lira ha recordado además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la reelección indefinida contradice los principios democráticos fundamentales.
En el plano internacional, Human Rights Watch (HRW) ha expresado su preocupación ante esta reforma. Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, ha advertido que “el partido de Bukele está recorriendo el mismo camino que Venezuela”, y que esta reforma “empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar el poder y termina en dictadura”.
Las organizaciones de derechos humanos critican también la creciente represión en el país, que ha provocado el exilio de decenas de periodistas y activistas humanitarios. El régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha permitido arrestos masivos de supuestos pandilleros, con cifras que superan las 87.000 detenciones, incluyendo a miles de personas inocentes, según reportan ONG como Cristosal y Socorro Jurídico.
Bukele ante las críticas: «Me tiene sin cuidado que me llamen dictador»
El propio Bukele se muestra desafiante frente a las críticas. El pasado junio afirmó sin tapujos: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador” y señaló que términos como democracia, institucionalidad y derechos humanos “son solo palabras usadas para mantenernos sometidos”. La popularidad del presidente se fundamenta principalmente en su lucha férrea contra las pandillas que azotaban al país, logrando reducir la violencia a niveles históricos. Sin embargo, sus métodos y el uso del estado de excepción han generado controversia y preocupación a nivel nacional e internacional.
Con esta reforma, Bukele no solo asegura la posibilidad de perpetuarse en el poder mediante la reelección indefinida, sino que también busca consolidar su control político al eliminar la segunda vuelta electoral, una medida que podría favorecer al partido oficialista.
La ratificación final de la reforma por la misma legislatura es el último paso para que estas modificaciones entren en vigor, y se espera que también se apruebe una nueva extensión del régimen de excepción, vigente ya desde hace más de tres años.
Este giro legislativo representa un cambio profundo en el sistema político salvadoreño y plantea importantes dudas sobre el futuro de la democracia en el país. La eliminación de los límites a la reelección presidencial y el fortalecimiento del poder ejecutivo de Bukele han generado alarma entre sectores opositores, organizaciones civiles y organismos internacionales, quienes advierten sobre el riesgo de que El Salvador avance hacia un modelo autoritario, similar al de otras naciones de la región.