Una nueva ola de despidos ha sacudido el ya debilitado sistema de salud pública en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado una purga sistemática contra médicos especialistas en distintas regiones del país, afectando directamente a cientos de pacientes que esperaban consultas y procedimientos críticos. Esta medida agrava aún más el colapso sanitario que vive la población nicaragüense.
Los despidos, ocurridos de manera simultánea en departamentos como Rivas, León, Estelí, Masaya y Chinandega, alcanzan a neonatólogos, ginecólogos y cirujanos con años de experiencia y formación. En su lugar, el Ministerio de Salud ha colocado a médicos recién egresados de universidades vinculadas al aparato ideológico del sandinismo.
Las razones detrás de esta depuración no son nuevas: presuntas faltas de lealtad política, negativa a participar en marchas oficialistas, o la simple percepción de tibieza ideológica. La lógica del castigo y la sumisión vuelve a imponerse sobre la ética médica y el derecho a la salud.
Este patrón recuerda peligrosamente los hechos de 2018, cuando, en medio de la represión estatal contra las protestas, el personal de salud fue presionado para negar atención médica a manifestantes heridos. La entonces ministra de Salud, Sonia Castro —sancionada internacionalmente—, ordenó explícitamente esa violación al juramento hipocrático. Muchos médicos se negaron a cumplirla, lo que les costó su empleo, su reputación y, en muchos casos, el exilio.
Hospitales sin especialistas: una crisis anunciada
La situación es crítica en numerosos hospitales, donde se ha sustituido a personal altamente calificado por profesionales sin experiencia. El Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, en León, es un caso emblemático: tras los despidos, varios médicos renunciaron por el trato humillante recibido. Todo esto ocurre mientras se prepara la apertura de un nuevo hospital en ese mismo departamento, que abrirá sus puertas sin el personal capacitado que se requiere para garantizar una atención digna y segura.
La consecuencia inmediata es el desmantelamiento silencioso del sistema público de salud. No se trata de una reestructuración ni de una renovación generacional, sino de una política deliberada de control ideológico sobre los espacios institucionales, incluso a costa de la vida y la salud de la población.
Desde 2018, el gremio médico ha sido uno de los más golpeados por la represión: persecución política, cancelación de personerías jurídicas de asociaciones profesionales, criminalización del ejercicio médico independiente y una creciente ola de exilio. La fuga de talentos ha dejado a Nicaragua sin especialistas en múltiples ramas de la medicina.
Lo que hoy ocurre no es un error administrativo ni una reestructuración inocente. Es una política de castigo, una estrategia de sumisión institucional, y un ataque directo al derecho a la salud de todo un país.