En Nicaragua, el delito de violencia sexual está lejos de ser una estadística más. Es una realidad constante, dolorosa, que golpea a diario y con brutalidad. Entre enero y mayo de este año, la Policía Nacional reporta la detención de aproximadamente 400 personas por crímenes de violación y abuso sexual. Pero detrás de las cifras oficiales hay un trasfondo de impunidad, subregistro, y decisiones políticas que han encendido las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Una epidemia persistente
En una conferencia de prensa ofrecida por medios oficialistas, la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Karen Obando, detalló que entre el 1 de enero y el 4 de junio de 2025 se realizaron 216 detenciones por violación y 180 por abuso sexual. Solo en la primera semana de junio se capturaron ocho agresores, reflejando la persistencia de este tipo de violencia.
La situación es igualmente alarmante si se examinan las cifras del mes de abril: la Policía recibió al menos 508 denuncias por violencia sexual, desglosadas en 291 por violación y 217 por abuso. Ese mismo mes, se detuvieron a 275 personas: 179 por violación y 135 por abuso sexual.
Subregistro y falta de acceso a justicia
Las cifras oficiales, aunque escalofriantes, podrían estar lejos de reflejar la magnitud real del problema. Datos recabados por organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir revelan que en los primeros dos meses de 2025 se registraron 302 denuncias de violencia sexual, pero apenas el 56% de los casos terminaron con detenciones. Activistas denuncian que muchas familias optan por no denunciar debido al miedo, la presión social o la normalización de la violencia.
A esto se suma la deficiente respuesta institucional. Feministas han denunciado que en varias ocasiones las autoridades policiales se han negado a recibir denuncias por razones tan arbitrarias como «falta de transporte o combustible», o incluso han recomendado no denunciar.
Indultos presidenciales: la impunidad legalizada
Un elemento que agrava la situación es la decisión del gobierno de Daniel Ortega de otorgar indultos presidenciales a personas condenadas por delitos sexuales, incluyendo violadores de niños. Esta política ha sido duramente criticada por colectivos feministas y defensores de derechos humanos, quienes señalan que no solo debilita el sistema judicial, sino que también pone en riesgo a nuevas víctimas.
Niñas obligadas a ser madres
El contexto se agrava con la reciente decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que condenó al Estado nicaragüense por negar el acceso al aborto a niñas víctimas de violación. El caso expone la doble victimización que enfrentan las menores: primero, por el abuso; luego, por la obligación de llevar un embarazo forzado.
Un grito por justicia
Las organizaciones de la sociedad civil coinciden en que la violencia sexual en Nicaragua es un problema estructural, sostenido por la impunidad, la falta de prevención y la complicidad institucional. La urgente reactivación y fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer, la formación en perspectiva de género para el Ministerio Público y la Policía, y la eliminación definitiva de indultos a agresores sexuales son medidas que no pueden esperar.
En un país donde las víctimas siguen cargando con el estigma y los agresores muchas veces caminan libres, el llamado es claro: sin justicia, no hay paz. Y sin voluntad política, no hay justicia.