Más de 70 organizaciones humanitarias de El Salvador y del extranjero rechazaron la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el martes 20 de mayo de 2025 por el Congreso y promovida por el presidente, Nayib Bukele, porque “habilita la criminalización arbitraria” y es parte de una “escalada autoritaria”.
Las organizaciones también se pronunciaron contra la detención de defensores de derechos humanos registradas en las últimas semanas, entre ellos la abogada anticorrupción Ruth López y el ambientalista Alejandro Henríquez.
La ley impone un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciban las organizaciones civiles.
Una ley de “venganza”
“Estos hechos forman parte de la escalada de violencia que ha generado un peligroso escenario de criminalización y censura de la defensa de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño”, dijo Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), en una conferencia de prensa.
Añadió que la iniciativa aprobada “atenta directamente contra el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho de asociación”.
Advirtió que este tipo de normativas, que se han aprobado en países como Nicaragua, han sido utilizadas “para negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo”.
Reyna dijo que les preocupa “el involucramiento de la Fiscalía General de la República y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional -sin una definición clara- que refuerzan un esquema legal que habilita la criminalización arbitraria del trabajo de las organizaciones de sociedad civil”.
*Con información de EFE