La crisis de Nicaragua será nuevamente incluida en la agenda de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sesionará entre el 26 y 28 de junio en Asunción (Paraguay), pese a que el país abandonó dicho organismo en noviembre de 2023.
Dada la gravedad de la situación del país en materia de derechos humanos, desde la OEA se propondrá una resolución que demanda al dictador Daniel Ortega la restitución de las libertades, la liberación sin condiciones de los presos políticos, entre otras acciones necesarias para regresar al país a la democracia.
El proyecto de resolución patrocinado por Canadá con la adhesión de Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Uruguay, además de la liberación de los detenidos “por motivos políticos o religiosos”, exigen al dictador Daniel Ortega el cese de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
La propuesta de resolución urge el cese a la represión, la liberación de presos políticos, la anulación de la apatridia y la rendición de cuentas a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Además, pide que el Consejo Permanente de seguimiento a la situación de Nicaragua.
“Profundamente preocupados por el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua desde 2018, caracterizado por la persistencia de la impunidad de organismos estatales en casos que involucran al menos 355 muertos y 2.000 heridos, así como más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias por motivos políticos”, se lee en el proyecto redactado por Canadá y avalado también por Antigua y Barbuda, Costa Rica, y República Dominicana.
En el punto uno “urgen” al régimen que asegure el cese de toda violación a los derechos humanos y tomar medidas efectivas para la restauración de las instituciones democráticas, especialmente su obligación de observancia del Estado de Derecho y los derechos humanos.
A pesar de que Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023, el organismo regional ha dicho en reiteradas ocasiones que el régimen no está eximido de respetar los derechos humanos y cumplir las normas internacionales, por ello han mantenido un grupo de trabajo que documenta las violaciones y las lleva a las sesiones periódicas de los países miembros para ser discutidas.
De no haber ningún inconveniente, la nueva resolución será aprobada entre el 26 y 28 de junio en la capital paraguaya.